Participante en asalto al Capitolio es excarcelado por error tras fallo de corte de apelaciones

La Oficina de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) liberó por error a un hombre de Iowa antes de que terminara de cumplir su condena de 30 meses por irrumpir en la cámara del Senado durante el ataque de una turba al Capitolio federal, informaron los fiscales del Departamento de Justicia en un expediente judicial presentado esta semana.
Leo Christopher Kelly, oriundo de Cedar Rapids, fue puesto en libertad el pasado jueves después de que un tribunal de apelaciones acordó anular una de sus condenas derivadas de los disturbios del 6 de enero de 2021.
Pero los fiscales creen que la liberación de Kelly fue un error porque sólo cumplió 11 de sus 30 meses de condena. En un expediente judicial presentado el lunes, pidieron al juez de distrito Royce Lamberth una audiencia para abordar la liberación de Kelly.
La BOP dijo a The Associated Press que Kelly fue “liberado inadvertidamente” la semana pasada tras una “interpretación equivocada de una orden judicial”. El comunicado de la oficina no detalla la razón del error, pero afirma que Kelly, de 39 años, se presentó ante un agente de libertad condicional “según lo establecido” y permanece en libertad mientras espera una audiencia para una nueva sentencia.
Los fiscales también piden al juez que programe una vista para volver a dictar sentencia ahora que la única condena por delito grave de Kelly ha sido anulada por el tribunal federal de apelaciones del circuito del Distrito de Columbia.
Un jurado condenó a Kelly en mayo de 2023 por los siete cargos que enfrentaba. Una de sus condenas fue por un cargo de obstrucción de un procedimiento oficial, la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero para certificar la victoria electoral del presidente Joe Biden sobre Donald Trump.
En junio, sin embargo, la Corte Suprema federal limitó el uso por parte del gobierno de esa acusación de obstrucción. Los jueces dictaminaron en una votación 6-3 que la acusación de obstrucción de un procedimiento oficial debe incluir pruebas de que los acusados intentaron manipular o destruir documentos.